Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública

I. Ámbito de aplicación

La Carta se dirige esencialmente al Poder Ejecutivo y, respetando cada sistema político-constitucional, es aplicable a todos los niveles de gobierno incluyendo su sector público¹. Incluye a todos los servidores públicos, tanto a los que ocupan los niveles jerárquicos superiores de la Administración como al resto del personal al servicio de las Administraciones públicas. En todo caso, algunas de las recomendaciones son plenamente aplicables a otros poderes del Estado y órganos constitucionales. Cada gobierno, en el ámbito de su marco constitucional y prioridades, podrá establecer los mecanismos que considere precisos para la promoción de la integridad en todos los pilares político-institucionales y sociales del país

II. Objetivos

La presente Carta tiene como objetivos directos e inmediatos los siguientes:

a) PROMOVER la integridad de los responsables y servidores públicos² en todos sus niveles, entendiendo por tal una actuación continuamente coherente con los valores y principios relevantes de la ética del servicio público.

b) Desde una perspectiva política, asegurando el respeto al contexto social, cultural, e histórico de cada una de las naciones firmantes, esta Carta pretende CONTRIBUIR a la legitimación de la acción pública, es decir, aportar razones para la obediencia a los gobiernos y REFORZAR la confianza en las instituciones públicas. Y como objetivo indirecto y finalista:

c) CONTRIBUIR al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en especial:

1. Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

2. En concreto:

i. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

ii. Reducir sustancialmente la corrupción³ y el soborno en todas sus formas, buscando abolirlos totalmente.

iii. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

iv. Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles

v. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Indirectamente, contribuye al cumplimiento de los ODS vinculados con la eliminación de la pobreza (ODS 1), la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5), la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS8) y la reducción de la desigualdad (ODS 10).

Primera

GENERAR periódicamente diagnósticos completos del sistema de integridad nacional⁴ en los que se analicen todos los pilares esenciales del sistema socio-político y económico, abarcando su marco legal y sus prácticas informales, y considerando variables como su independencia, los medios para realizar su labor por cada uno de los pilares y los mecanismos internos disponibles para garantizar la integridad, transparencia y rendición de cuentas. El diagnóstico debe quedar constituido como línea base para la evaluación posterior de los impactos de los instrumentos que se implementen para el mejoramiento de la Gestión Ética.

Segunda

GENERAR, EJECUTAR y SOSTENER financieramente, al menos en sus organizaciones dependientes más relevantes, diseños organizativos que incluyan los componentes fundamentales del modelo de integridad organizacional definido nacionalmente y que, además, interactúen con los otros subsistemas de gestión más importantes. Tras el diagnóstico a nivel nacional, y como parte de la estrategia nacional de desarrollo de la integridad surgida a partir de tal análisis, cada organización pública debería generar un marco de integridad propio y este marco debería contar con los instrumentos esenciales que en el documento base se establecen. Los gobiernos sub-nacionales, en función de su autonomía, podrán adaptar estas estrategias y marcos a sus circunstancias.

Tercera

REDACTAR, como parte esencial de los marcos de integridad organizacional, Códigos Éticos⁵ en sus organizaciones, siguiendo en la medida de sus posibilidades y prioridades las pautas procedimentales marcadas en el documento base y con los contenidos definidos como esenciales en el mismo. Ello implica definir las conductas moralmente pertinentes en un nivel general y también en un nivel específico adecuado a los dilemas propios de cada organización. Se considera prioritario avanzar en el respeto a los derechos humanos y específicamente a los valores de igualdad de género, diversidad y discriminación positiva. Por ello, los códigos harán especial hincapié en la lucha contra el acoso y hostigamiento sexual, la homofobia, el acoso laboral y los tratos degradantes.

Cuarta

REALIZAR periódicamente encuestas de diagnóstico de clima ético en las organizaciones seleccionadas de acuerdo a las pautas aquí definidas o de otras que se consideren más adecuadas.

Quinta

DESARROLLAR de forma permanente actividades de formación en ética en las organizaciones públicas: una formación basada en diagnósticos previos de necesidades, con vocación de integralidad, fusionando las visiones más prescriptivas con las de sensibilización y siempre evaluando su impacto.

Sexta

GENERAR sistemas de asesoramiento ante dilemas éticos mediante Comités de ética, u otros que se consideren pertinentes, a los que se aportará capacidad y medios para realizar tal labor.

Séptima

INCLUIR un eficaz plan de comunicación y de cambio cultural que permita socializar y apropiar el marco de integridad por parte de los miembros de la organización. Este plan de comunicación y cambio cultural debería ser inserto entre los contenidos esenciales del marco, incorporando las medidas adecuadas a ello (por ejemplo, con carácter orientativo, se pueden generar talleres de socialización y actividades de sensibilización, buzones de sugerencias y quejas, entrega de códigos impresos a cada empleado y agente crítico, programas de formación específicos, etc.). También se sugiere aplicar los avances en las ciencias cognitivas y el nudging para la mejora de los comportamientos éticos en las organizaciones

Octava

REALIZAR evaluaciones de riesgos de corrupción en el ámbito de sus organizaciones, focalizándolos esencialmente en las áreas de riesgo y siguiendo las fases que las organizaciones internacionales especializadas proponen.

Novena

INCORPORAR al marco de integridad un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes de corrupción, fraude, despilfarro o conductas contrarias a los códigos éticos y, en su caso, a los testigos. Para las denuncias se habrá de regular el procedimiento de tal manera que se asegure una adecuada ordenación del mismo con pleno respeto a los principios de buena administración. En cuanto al sistema de protección, éste incluirá el resguardo de la identidad y la protección de represalias a largo plazo. Esta Carta no impone ningún órgano específico para la gestión del sistema de denuncias, pero requiere que exista alguno y que reúna condiciones de independencia para desarrollar su labor. El sistema de denuncias debe diseñarse: 1. Con atención rápida sin que haya intermediarios innecesarios; 2. Con canales directos y especializados; 3. Con medidas para protección de identidad; 4. Con amplitud de canales (on line, call centers, líneas calientes, entrevistas discretas…); 5. Con procedimientos sencillos; 6. Con sanciones a los responsables de represalias; 7. Con castigo a las denuncias de mala fe; 8. Con medios personales y materiales suficientes; y 9. Con procedimientos bien establecidos donde esté claro: cuándo empieza la protección, cuándo se entiende que existe ya denuncia, duración de la protección y clarificación de sus fases, recursos de impugnación, reversión de la carga de la prueba en el ámbito laboral para casos de represalia. De todo ello se dará cuenta a la ciudadanía mediante un adecuado plan de difusión y comunicación.

Décima

FOMENTAR, de acuerdo con la normativa existente en cada país, mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada; la promoción y potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública; la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como medio para generar espacios de escucha activa; vías para la participación ciudadana en la gestión y para colaboración en la innovación y búsqueda de soluciones. Los gobiernos firmantes, en suma, se comprometen a hacer llegar los postulados de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto a las organizaciones y coordinar dichos instrumentos y prácticas con sus programas de integridad.

Undécima

FORMULAR e IMPLEMENTAR una regulación completa y sistemática sobre prevención y gestión de los conflictos de intereses, con su correspondiente sistema de incumplimientos y sanciones, incluyendo en ella un sistema de detección, control e investigación a través de un órgano independiente. También se comprometen a trasladar todo este sistema al marco de integridad de sus organizaciones mediante el Código Ético y a incorporar sistemas de incompatibilidades e inhabilitaciones completos.

Duodécima

INTEGRAR de forma cooperativa el sistema de integridad de su organización con el sistema de control interno de la propia entidad, estableciendo sinergias entre ambos sistemas. También se buscará la cooperación con las unidades externas de control.

Decimotercera

DISPONER, a través de las normas legales consecuentes, de un sistema normativo donde se definan los incumplimientos de la integridad, sus niveles de gravedad y las sanciones, y donde se asegure que existen consecuencias negativas en caso de incumplimiento. Cuando los hechos lleguen a conocimiento del Comité de Ética u órgano competente en cada caso, las consecuencias pueden ser la mera remisión al Ministerio fiscal o al órgano disciplinario correspondiente cuando existan indicios de actividades calificables bajo los tipos penales o disciplinarios previstos en las normas. Cuando el incumplimiento sea meramente de las normas éticas, será el Comité u órgano competente quien determine los hechos y, en su caso, la sanción. La sanción por incumplimiento exclusivo de las reglas éticas podría ser el reproche por escrito, previo procedimiento oportuno, u otras que cada país decida en función de sus prioridades.

Decimocuarta

GENERAR un sistema de evaluación del funcionamiento del marco de integridad, mediante la sistematización oportuna y eficiente de datos, para comprobar su impacto en la mejora del clima ético y en la reducción de los casos de conductas no éticas en la organización. Por ello, los países firmantes se comprometen a evaluar el impacto de sus marcos de integridad en conexión con el sistema de indicadores del CLAD.

Decimoquinta

CUMPLIR con criterios fundamentales de profesionalidad y eficacia en relación con la selección, competencias y protección de los miembros de los comités de ética. En concreto, los comités de ética tendrán como objeto fomentar el correcto proceder de los servidores públicos de la institución a la que pertenezcan, promover la implantación y buen funcionamiento de los instrumentos esenciales del marco de integridad, asesorar en la toma de decisiones y medidas institucionales relacionadas con la integridad, recibir denuncias y, en su caso, proponer solicitudes de sanción o reprobar éticamente a los servidores públicos que actúen de forma contraria al Código.

Decimosexta

CONSTRUIR sistemas de gestión por resultados para el desarrollo (GpRD) con ámbito nacional y, consecuentemente, en cada organización, de tal manera que se refuerce la dirección estratégica, los presupuestos vinculados a objetivos, la rendición de cuentas y se evalúe el impacto de las políticas existentes.

Decimoséptima

DESARROLLAR, para evitar riesgos de corrupción, un análisis riguroso y la implementación adaptada al contexto de cada país de las mejores prácticas internacionales en contratación pública, entre ellas, con mero carácter orientativo, la estandarización de las normas de contratación pública, el Registro Único de Proveedores, la contratación electrónica, las subastas inversas, la disponibilidad de la información pre-contractual y contractual de todos los procesos de contratación del Estado en el portal web de la institución rectora del sistema, las veedurías ciudadanas y pactos de integridad, la apertura de denuncias y la disponibilidad de información estadística por medio de herramientas apropiadas.

Decimoctava

La gestión de la integridad debe integrarse con la gestión del resto de subsistemas de las organizaciones, convirtiéndose en un principio orientador para el conjunto de Cartas del CLAD. Para la correcta gestión del subsistema de recursos humanos, se requiere el cumplimiento de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, y para la gestión de la calidad, el cumplimiento de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. El cumplimiento en cada organización de las Cartas Iberoamericanas de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, Gobierno Electrónico, Gobierno Abierto y de Participación Ciudadana en la Gestión Pública también representarán un aporte significativo para el reforzamiento de la integridad. Los gobiernos firmantes renuevan con la firma de esta Carta sus anteriores compromisos vinculados al cumplimiento de las Cartas previamente aprobadas.

Decimonovena

A efectos de facilitar la adecuada implementación de todas estas medidas, la Carta hace un llamamiento a los firmantes para que fortalezcan las capacidades de los órganos rectores en materia de ética, integridad y conflictos de intereses, asegurando que estén dotados de la independencia legal y autonomía financiera necesaria, conforme la legislación domestica de cada país, para ejercitar adecuadamente sus funciones.