Capacitación social e institucional en la gestión de la agrobiodiversidad: evaluación sobre un caso de estudio internacional

Introducción

Numerosas cuestiones están actualmente conectadas con la complejidad sistémica en el marco de la crisis global que está modificando los modelos de toma de decisión centralistas y autorreferenciados en la definición y gestión de las políticas a diferentes escalas, no exclusivamente agrícolas (Subirats, 2005; Torcal y Montero, 2006). En la aplicación de estos modelos, los actores locales aparecen excluidos de los procesos de planificación y evaluación de políticas, programas, proyectos y servicios, ya que son considerados meros destinatarios de las estrategias tomadas según lógicas socio-económicas y políticas dominantes (Sassen, 1992).

Muchos casos de estudio relativos a la teoría y a la práctica de las relaciones dialéctico/dialógicas entre ciudadanos-grupos sociales comunidades-instituciones tienen que ver, en los peores casos, con conflictos de posiciones antagonistas y dialécticas entre comunidades e instituciones y, en los mejores, con rutas dialógicas lentas y complicadas de consultas entre las comunidades y las instituciones en la dirección de la gobernanza multinivel de los bienes públicos, del desarrollo local, de la subsidiariedad y de la democracia participativa (Parés Franzi, 2009; Carmona, 2006).

En este sentido, nuevos actores expresan una cartografía compleja de necesidades, ideas, conocimientos, habilidades y competencias referidas a la gestión de los recursos locales comunitarios, como en el caso de la agrobiodiversidad y de los proyectos y los servicios desarrollados alrededor del tema de la gestión de la agrobiodiversidad (la naturopatía, la homeopatía los productos y las variedades locales en el campo de los alimentos, las culturas y las tradiciones, los servicios de bienestar y de rehabilitación/cuidado a través del contacto con la naturaleza y los animales, los servicios de educación medio ambiental, etc.) (Barkin, 2001; CEDRSSA, 2006).

En este escenario, el impacto negativo de los ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés)¹ ha propiciado cambios estructurales en diversos Estados europeos, extra-europeos y latinoamericanos tanto en materia de políticas agrícolas como en temas de agrobiodiversidad y de gestión de los bienes locales alrededor de la agrobiodiversidad (Maskus y Reichman, 2004). En particular, las consecuencias de los ADPIC están conectadas con los conocimientos locales y con el acceso a los fármacos y a la prevención de enfermedades, y con el patrimonio de semillas patentadas (Ray, 1998). En concreto, la cuestión de los ADPIC se refiere a los problemas de las patentes en el ámbito de la agrobiodiversidad y al uso de licencias por parte de las comunidades que tienen una incidencia cada vez más marginal en las decisiones que les competen en temas de agricultura y salud (Kothari y Anuradha, 1999). En este sentido, en el mercado mundial de las semillas comerciales, el 82% de estas semillas están patentadas, mientras solo el 18% son semillas sin patentes.

Decisiones centralizadas (y sus consecuencias sistémicas a escala local) como las de los ADPIC son tomadas por organismos como la World Trade Organization (WTO), la World Intellectual Property Organization (WIPO) y la International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), con la aceptación de los ministerios nacionales, de la Comisión Europea de la Agricultura y de los grupos de presión políticos y financieros. El principal objetivo de estos acuerdos internacionales es la protección de la propiedad intelectual con el propósito manifiesto de contribuir al avance de la innovación y facilitar la transferencia y difusión de conocimientos tecnológicos. Lo que hay detrás de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es la consideración del patrimonio agrícola y biológico solo en su componente genético y como un bien económico, anulando los conocimientos locales relacionados con aquel y la identidad cultural de las comunidades locales que representa y en la cual tiene sus raíces (Pinedo-Vásquez y Rerkasem, 2005).

Tales acuerdos consideran que las patentes de las semillas, de los saberes locales y de los procesos/productos materiales e inmateriales de tipo tradicional son fundamentales para favorecer pocas (y más lucrativas) variedades agroalimentarias en contra de la biodiversidad que mantienen las comunidades agrícolas, con el objetivo a largo plazo de gestionar -en términos de semillas patentadas- y comercializar el patrimonio total de semillas.

De hecho, las variedades de alto rendimiento han reducido el número de especies genéticamente viables utilizadas en la agricultura. Según los informes del IFOAM (2000), en los últimos 100 años se ha perdido un 75% de la diversidad agrícola y, junto a esta, la diversidad cultural conectada. De esta forma, se reproducen modelos de desarrollo de arriba-abajo que resultan insostenibles para los territorios y para los actores locales.

Un tema acuciante que se presenta en los diversos niveles políticos y administrativos tiene que ver con el acceso, el uso y la gestión de algunos derechos fundamentales por parte de las comunidades locales. Los casos recientes de algunas multinacionales que han intentado depositar patentes propias en Múnich, Baviera, en el EPO ( European Patents Office ), resultan particularmente asombrosos. Algunas multinacionales se están apropiando de variedades agrícolas como el tomate (patente Nº 1211126) y el brócoli (patente Nº 10698199), imponiendo al mercado unos modelos de cultivo que implican imposiciones a los agricultores tales como el pago de royalties para el uso de semillas que estén patentadas.

Otros casos se refieren a las normas que impiden la propagación de prácticas agrícolas no convencionales, tales como el cultivo y comercialización de variedades locales de semillas o la posibilidad de cultivar las tierras mediante la agricultura orgánica-regenerativa (Madrid Tamayo, 2009). Tales prácticas son constante y ampliamente desalentadas mediante el castigo a los agricultores con la eliminación de sus propios gastos en los cultivos con semillas tradicionales y con pesadas sanciones económicas. Además, se está prohibiendo a los agricultores compartir estas prácticas con los que se acercan a estas experiencias, mediante la aplicación de multas por motivos de presunto “trabajo negro” o por la falta de comunicación a la Oficina del Trabajo.

Como afirma Riccardo Bocci, agrónomo de la Red “Semi Rurali” y consultor del grupo de trabajo “Dpi y soberanía alimentaria” del proyecto KHFA²: “solo en 2010, la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha patentado 200 especies de plantas. Desde 1999, 1.500 especies han sido patentadas”. Esto está recogido en una encuesta realizada por la coalición de organizaciones internacionales No Patents on Seeds ³, que sostiene: “de todas maneras, se pone en peligro el derecho de los pequeños agricultores a reutilizar en su empresa las semillas compradas sin tener que pagar derechos anuales a las empresas fabricantes de semillas patentadas, un derecho que los pequeños agricultores italianos recientemente han utilizado como medida anticrisis”.

Las protestas en contra de estos actores económicos son todavía débiles y a menudo ineficaces, también porque la economía internacional está optando por la vía jurídica, mediante la aprobación de leyes y convenciones nacionales e internacionales que les consientan sacar patentes en un amplio abanico de productos, desde las plantas farmacéuticas a aquellas para alimentos⁴.

Las empresas agrícolas deben tomar decisiones macroeconómicas extrañas a las necesidades y a las características de las comunidades de pertenencia. Estas decisiones están justificadas dentro de modelos dependientes de cadena larga que estrangulan la economía local y las identidades culturales (Wallerstein, 1982). Tales justificaciones están definidas en referencias jurídicas y normativas además de políticas, comprometidas con los grandes intereses económicos y financieros. Se trata de estrategias macroeconómicas que minan la base de la biodiversidad agrícola y cultural de las comunidades locales, destruyendo el tejido social y productivo tradicional de las pequeñas haciendas que se caracterizan por la adopción de un modelo sostenible de desarrollo (Shiva, 1993). El intento de estas políticas y de algunos aspectos de la PAC europea (Política Agrícola Común) es incrementar la lógica centralizada por parte de grandes empresas agroindustriales de las cadenas largas de producción, como también los modelos multinacionales de gestión para homogeneizar estas mismas especificidades. Las variedades tradicionales están en manos de pocas empresas certificadas o de grupos de cooperativas, las cuales, a la vez que reclaman la biodiversidad natural (orgánica, biodinámica, etc.), socavan de hecho el patrimonio económico y social haciendo de esta biodiversidad un artículo de lujo para pocos.

Por tanto, el doble vínculo (Waltzlawick …[et al], 1997) de la reducción de tasas de producción / procesamiento con el fin de mantener un precio competitivo del producto y garantizar la producción, actúa principalmente en la contracción de la demanda de trabajo y, por tanto, en la determinación de los gastos, de los derechos y de la calidad del trabajo. En particular, se trata de modelos de desarrollo de tipo centralizado que se fundamentan en la fragmentación de los procesos productivos y en la centralización de las decisiones estratégicas. De esta manera se favorece la producción / distribución de algunas cosechas mayoritariamente rentables para el mercado agrícola y los agricultores están obligados, en este doble vínculo, o a la aceptación de las reglas asfixiantes del mercado o al abandono de la agricultura porque, a estas alturas, parece insostenible cultivar y comercializar fuera del modelo de la cadena larga. De manera que las actividades agrícolas están relegadas a la subsistencia o se están vendiendo a los grandes terratenientes y a las multinacionales⁵.

La agricultura forzada a la dependencia o al individualismo expresa, como denominador común, la incapacidad de la comunidad de pensar/actuar en diferentes rutas el desarrollo endógeno (Pérez, 2001). De hecho, las cuestiones aquí presentadas reducen la posibilidad de elección para los productores locales, obligados a actuar dentro del doble vínculo localismo-globalización, homologación-museificación (Bateson, 1977). Por un lado, produciendo en condiciones de atraso tecnológico aceptan la contracción del mercado, la crisis global y los criterios de decisión de la cadena larga dentro de un régimen de agricultura convencional. Por otro lado, se ven obligados a reducir la producción, cerrando o vendiendo las empresas o convirtiendo la tierra para el uso de fuentes de energías renovables, en muchos casos subvencionadas (turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, cultivo extensivo de maíz, de girasoles, etc.) (Patera, 2013).

Lo que destaca claramente son las numerosas dificultades por parte de las empresas agrícolas y agroalimentarias para enfrentarse a un sistema económico dependiente, que llaman la atención acerca de numerosas cuestiones referidas al replanteamiento estratégico en la hilera agroalimentaria para valorar los recursos locales (Mander y Goldsmith, 2000).

Más allá del doble vínculo de la modernidad, la agricultura puede superar tanto la asfixiante dependencia de cadenas multinacionales como el individualismo de la subsistencia y hacer hincapié en los saberes locales y en las cadenas cortas con referencia a la tutela y a la valorización de la biodiversidad adscrita a los “derechos colectivos de las comunidades” (Crawford, 1992). La atención está puesta en la sostenibilidad de procesos/productos materiales e inmateriales propios de las comunidades (Vare y Scott, 2007). Estos argumentos están relacionados con las oportunidades conectadas a los proyectos integrados de desarrollo rural centrados en el empoderamiento comunitario y en la gobernanza de los recursos locales (Friedmann, 1992). Esta puede ser la garantía de un valor añadido por un crecimiento sostenible y sistémico de la comunidad, capaz de activar servicios territoriales integrados y fundados en las necesidades y las competencias de los actores locales (Borrini-Feyerabend …[et al], 2004; Warren, Slikkerveer y Brokensha, 1999).

Desde esta perspectiva, se coloca en el centro de la cuestión la tutela y el reconocimiento jurídico de las comunidades locales frente a las presiones de las multinacionales que intentan mercantilizar estas especificidades (vegetales, agrícolas, culturales) siguiendo exclusivamente las lógicas económicas dentro de los vínculos del mercado (Carmody, 2000). Para las comunidades locales, cuyos modelos se refieren a la cadena corta, esta biodiversidad (agrícola y cultural) representa un camino viable para activar procesos de empoderamiento comunitario, de desarrollo sostenible y de realización de servicios integrados con alto contenido relacional, también en el marco de la agricultura multifuncional (Guzmán Casado …[et al], 2000). Esta biodiversidad local puede promover formas innovadoras de gestión de los bienes públicos respetando la tradición, además de programas de desarrollo compatibles con los equilibrios socioeconómicos, culturales y ambientales (FAO, 2003).

En esta dirección, un ejemplo de contrapeso a los ADPIC es el “Protocolo de Nagoya”, como también el “Tratado internacional sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”, este último de acuerdo con la “Convención sobre la diversidad biológica”. Estos marcos jurídicos se orientan a favor de una positiva y sostenible aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), apoyando la promoción de procesos de negociación entre las instituciones, las comunidades locales y los actores sociales, económicos y culturales para planificar las políticas, los programas, los proyectos y los servicios locales en ámbitos no exclusivamente agrícolas (Paoloni, 2005).

A partir de las referencias legales que definen el escenario analizado, el proyecto KHFA ha promovido una campaña de presión ( lobbying ) hacia las instituciones y una campaña de promoción ( advocacy ) de la agrobiodiversidad con las comunidades locales de los países socios del proyecto. Estas campañas han desarrollado iniciativas de animación social, mesas de discusión interdisciplinarias y grupos focales deliberativos destinados a la preparación de un Documento Concertado que pueda contribuir a la definición de las políticas más allá del nivel local. Este Documento Concertado ha marcado un horizonte compartido a partir del cual construir un diálogo entre las comunidades y las instituciones. Es el resultado del trabajo de grupos focales deliberativos organizados en los tres grupos de trabajo del proyecto KHFA y se ha resumido en una Moción implementada por muchos de los administradores y las comunidades locales involucrados en el proyecto, pero también elaborada con la intención de que pudiera ser acogida por el Comité de las Regiones (CDR).

1. Marco del proyecto

El Proyecto “Knowledge, Health and Food for All - Advocacy campaign for a sustainable application of Intellectual Property Rights on development processes” (DCI-NSAED/2009/202-225) ha sido realizado gracias a la contribución de la Unión Europea, Programa EuropeAid⁶, y fue desarrollado durante los años 2011-2014.

El objetivo del proyecto KHFA ha consistido en sensibilizar y movilizar a las instituciones y comunidades locales de los países involucrados en favor de un refuerzo positivo y sostenible de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en los procesos de desarrollo de los países socios. Un objetivo a largo plazo del proyecto ha sido promover procesos de negociación entre las instituciones, las comunidades locales y los actores sociales, económicos y culturales para planificar las políticas locales en ámbitos no exclusivamente agrícolas.

El proyecto se estructura a través de dos estrategias: una campaña de advocacy y una de lobbying (Figura 1).

Figura 1: Fases del Proyecto

elaboración propia.

En la primera estrategia, los expertos implicados en tres grupos de trabajo han hecho un análisis exhaustivo de la repercusión de los DPI en la soberanía alimentaria, el derecho a la salud y la protección del conocimiento y la biodiversidad en Europa y en América Latina.

En esta dirección, en relación con la primera estrategia y a partir de los resultados de los grupos de trabajo, las actividades educativas se llevaron a cabo para aumentar la conciencia de las comunidades locales en la gestión de los bienes comunes, en el marco de la agrobiodiversidad. Se hicieron más de veinte seminarios, mesas de asesoramiento, eventos en manifestaciones y talleres de participación de los actores locales en los países socios.

Sobre la base de los resultados de los grupos de trabajo fue redactado un Documento Concertado entre los expertos involucrados, el cual ha sido sintetizado en una Moción presentada en los ayuntamientos y administraciones locales involucrados, y ha sido también firmada conjuntamente por instituciones locales y entregada al CDR.

Las instituciones que han sido partes firmantes de la Moción y que han participado en el grupo de presión sobre las instituciones transnacionales (CDR) son: Comune di Roma, Provincia di Roma, Ass. Políticas Sociali del Comune di Napoli, Ass. Beni Comuni del Comune di Napoli, Ass. Cultura del Comune di Ancona, Comune di Martignano, Comune di Ortelle (Lecce), Comune di Leveranno (Lecce), Comune di Salice Salentino (Lecce), Comune di Trepuzzi (Lecce), Comune di Veglie (Lecce).

La Moción es el resultado del proceso de negociación que ha involucrado a varios expertos relacionados con los tres grupos de trabajo y puede consultarse en Internet (véase la Moción firmada por el Ayuntamiento de Roma)⁷.

En la fase de lobbying , el enfoque se ha centrado en los documentos jurídicos que valoran las especificidades agrícolas y culturales de las comunidades con el intento de experimentar alternativas practicables en términos de empoderamiento y desarrollo comunitario (Friedmann, 1992). El Documento Concertado está elaborado a partir del “Protocolo de Nagoya”, como también del “Tratado internacional sobre los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura”, este último de acuerdo con la “Convención sobre la diversidad biológica”. Tales referencias garantizan la seguridad alimentaria a través de la conservación, el intercambio y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, como también la división igualitaria de los beneficios que puedan nacer de su uso. De acuerdo con este marco, la cuestión se ha focalizado en la gestión de la agrobiodiversidad como oportunidad en una perspectiva sistémica e integrada, abarcando diferentes ámbitos de políticas: políticas relacionadas con los derechos culturales, los derechos agrícolas y los derechos colectivos de la comunidad ( cultural rights, farmer’s rights ) (Márquez y Champetier, 2002). El objetivo es dar impulso a un modelo sostenible de desarrollo local y de valoración de los bienes comunes (Ostrom, 1990). Los marcos jurídicos y las referencias normativas representan un enfoque de atención privilegiado porque abren la puerta a la existencia de “nuevos derechos” orientados, de manera individual o corporativa, al disfrute de bienes y servicios. Estos marcos jurídicos asumen una connotación “colectiva” y apuestan por la tutela de los intereses de las generaciones futuras (Riley, 2000). Algunas realidades italianas y europeas han implementado buenas prácticas de leyes regionales sobre la agrobiodiversidad a partir de los principios recogidos en el marco de tales marcos jurídico-normativos. En Italia son numerosas las experiencias en este ámbito, como en el caso de la Ley 15/2000 de la Regione Lazio , en la que se reconoce explícitamente la pertenencia a las comunidades locales del patrimonio de los recursos genéticos de plantas y animales, además de los conocimientos tradicionales relacionados con estos⁸. En este sentido, expresa: “los patrimonios inmateriales, en la acción cotidiana, se constituyen como saberes que se acompañan con prácticas para el uso de ciertos objetos o elementos naturales (como plantas, semillas, raíces) con el objetivo de cubrir determinadas necesidades del grupo: las prácticas médicas, la agricultura, los conocimientos referidos a la biodiversidad representan, pues, los diferentes sectores de los patrimonios inmateriales” (Ley 15/2000 de la Regione Lazio).

Las políticas regionales y locales empiezan a orientarse hacia modelos estratégicos y sistémicos anclando los servicios a las capacidades sociales de las comunidades locales para hacer frente a los desafíos de la complejidad contemporánea (Andreoni, 2009). Estas referencias favorecen que las políticas den importancia al empoderamiento de las competencias y a la gestión de los conocimientos por las organizaciones y las asociaciones como factores de éxito. El modelo de gobernanza supone “la apertura de los procesos de policy making hacia una pluralidad de actores y organizaciones -públicas y privadas- y la consecuente difusión de estilos de negociación pública y de las estructuras decisorias de tipo horizontal” (Bifulco, 2005: 27). La descentralización de los procesos decisorios también representa el primer paso hacia una mayor implicación comunitaria en las políticas que tengan en cuenta las circunstancias agroecológicas y geográficas, pero también las diferencias socioeconómicas y culturales de las comunidades (Arewa, 2006).

El marco ofrecido por el sistema jurídico y por estas referencias normativas evidencia la existencia de “nuevos derechos” que no apuntan, de modo individualizado o corporativo, al bien individual, sino que asumen una connotación “colectiva”, referida a una colectividad más amplia, y se ponen al servicio del interés de las generaciones futuras (Paoloni, 2005).

2. Metodología

A efectos del proyecto se organizaron tres grupos de trabajo temáticos: Grupo biodiversidad y conocimientos locales; Grupo agricultura; Grupo derechos de propiedad intelectual y derecho a la salud. Formaron parte de los grupos de trabajo 21 expertos con diferentes experiencias profesionales (sectores productivos, asociaciones, investigadores, comunidades locales, etc.), tanto nacionales como internacionales. Durante la primera fase del proyecto, los grupos de trabajo han promovido seminarios, foros de discusión y grupos focales deliberativos (Wakerford, 2001). A través de los grupos focales deliberativos se compararon los puntos de vista de los diferentes expertos. Cada grupo elaboró un Informe de Intención útil para la elaboración de un Documento Concertado de síntesis en el cual se reflejase la visión negociada por los 21 expertos sobre los temas en cuestión. En el Documento Concertado figuraban propuestas/medidas de cambio encaminadas a la promoción de iniciativas concretas, tanto a nivel local como a nivel institucional.

El grupo focal deliberativo es una metodología activa para promover procesos de participación deliberativa encaminados a crear instancias de diálogo entre los participantes portadores de diferentes intereses.

Los grupos focales deliberativos están encaminados a:

1. Promover una confrontación positiva y dialógica entre los participantes sobre los tres temas del proyecto.

2. Establecer los criterios de evaluación para los tres temas considerados esenciales por los participantes con el fin de orientarlos, de manera concertada, en los procesos de deliberación.

3. Resumir los criterios de evaluación surgidos en los tres Informes de Intención relativos a los temas considerados cruciales por los participantes.

Los grupos focales deliberativos han sido estructurados en tres fases:

1. Información : mesas redondas con presentaciones, carteles, etc. sobre los tres temas del proyecto elaborados por parte de los participantes.

2. Comparación : actividades de confrontación entre los participantes de los tres grupos de trabajo (elaboración de tres Informes de Intención).

3. Solución : sesión plenaria donde se ha sintetizado el documento compartido con las propuestas sobre los tres temas (elaboración del Documento Concertado).

El Documento Concertado, resultado de los tres grupos focales deliberativos, representa una herramienta útil para los grupos políticos de decisión a nivel local, regional, nacional e internacional porque:

• Se les dan resultados maduros como base para sus actividades políticas.

• Se les ayuda a que se centren en los temas prioritarios.

• Se les ayuda a desarrollar sus programas y políticas a partir de los resultados fundados en una “base real” de necesidades expresadas por los participantes.

El Documento Concertado es la base de la propuesta que ha sido elaborada por los 21 expertos y traducida en una Moción . Esta Moción ha sido presentada para su suscripción y ejecución por parte de los gobiernos locales, regionales y nacionales durante el proyecto.

3. Resultados

Los resultados obtenidos, tanto de las actividades del proyecto como de los grupos focales deliberativos, se refieren a la recolección de información procedente de diferentes actores a través de actividades de evaluación participativa (consulta/deliberación). En este sentido, los proyectos y las buenas prácticas llevadas a cabo en el proyecto Knowledge, Health and Food for All contemplan la necesidad de encontrar normas jurídicas negociadas entre instituciones y actores locales.

Tales necesidades han llegado a las instituciones políticas traducidas en la Moción que ha sido firmada por doce de ellas y entregada al Comité de las Regiones. Los contenidos que han resultado de los tres grupos focales deliberativos están sintetizados en el siguiente esquema:

1. Promoción de la soberanía alimentaria y la protección de la agricultura campesina a través del apoyo a las redes rurales y a los sistemas alternativos de patentes que protejan el “privilegio de los agricultores” de reproducir sus semillas, respetando los derechos de los agricultores.

2. Afirmación en las políticas agrícolas (locales e internacionales) de sistemas de productores de semillas ( farmers’ seed system) informales, como complementarios y de apoyo a los sistemas formales, tomando conciencia de los efectos negativos de los monopolios y de los nuevos regímenes de propiedad intelectual en la agrobiodiversidad.

3. Promoción de la recopilación y difusión de los conocimientos sobre los instrumentos legales y paralegales, nacionales e internacionales, preparados para tutelar el patrimonio material/inmaterial de la biodiversidad natural local.

4. Monitoreo y evaluación de los Planes Nacionales para la Biodiversidad por las regiones y los entes locales, en un diálogo con las redes de agricultores y con la sociedad civil.

5. Aplicación por parte de las autoridades locales de las normas para la protección paralegal y legal de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales materiales/inmateriales.

6. Adopción de una ley que incluya el sistema de acceso y reparto de beneficios ( access and benefit sharing ), de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Protocolo de Nagoya. Esta legislación debe: 1) proporcionar casos o criterios de exclusión para la concesión de derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales locales; 2) establecer un sistema para compartir los beneficios y alternativas a la concesión de los derechos de propiedad intelectual; 3) reconocer el principio de precaución como rector del sistema de acceso y participación en los beneficios; 4) establecer un sistema eficaz de sanciones; 5) contemplar los procesos de participación de las comunidades locales y de los titulares de los conocimientos tradicionales materiales/inmateriales; y 6) sensibilizara las oficinas nacionales de patentes para aplicar, desde la fase de reconocimiento de patentes, no solo las normas de derecho privado y comercial, sino también las normas del derecho internacional contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, incluyendo, en particular, el principio de distribución equitativa de beneficios y el principio de precaución .

7. Intervención en el Comité Europeo de las Regiones para que cumpla de forma correcta su asesoramiento al Parlamento Europeo y a algunas de las organizaciones internacionales responsables.

En particular, el proyecto KHFA se basa en la recepción por parte de las autoridades locales de los países socios de una tutela legal de la biodiversidad. La tutela deberá prever el reconocimiento formal de los derechos y las herramientas de tutela efectiva, teniendo como referencia el Protocolo de Nagoya sobre el acceso y el reparto de los beneficios de los recursos genéticos y de los saberes tradicionales.

4. Conclusiones

Las conclusiones de este artículo se derivan de la discusión sobre los resultados del proyecto KHFA. La evaluación de las actividades promovidas por el proyecto se hizo en un coloquio interdisciplinar titulado “Gobernanza territorial y herramientas para la mejora de los derechos colectivos de las comunidades”⁹, promovido por el grupo de investigación en Pedagogía de la Salud¹⁰, Università del Salento (Lecce, Italia).

Para la evaluación del proyecto KHFA se utilizó la técnica “Escala de las Prioridades Obligadas” (EPO/SPO) (Bezzi, 1997), técnica utilizada en un marco de evaluación útil para identificar y priorizar los criterios de evaluación considerados por los expertos. En este sentido, utiliza los requisitos para una evaluación compartida dentro del grupo de expertos sobre las prioridades que ellos identifican.

Las tres etapas que componen la EPO son:

1. Brainstorming con el grupo de expertos para identificar y clasificarlos temas y los subtemas a partir de los cuales evaluar el proyecto.

2. Agrupación jerárquica de los temas y de los subtemas.

3. Asignación de peso a los temas y subtemas emergidos e identificación de las prioridades para la evaluación por los expertos.

Con un facilitador (el autor de este artículo) se identificaron los temas considerados más importantes por los expertos, también definidos en subtemas, con el fin de tener en cuenta las diferentes perspectivas y puntos de vista de los expertos.

Las actividades posteriores de agrupación de temas y subtemas han supuesto la identificación de las categorías consideradas más significativas por los expertos. Estas categorías han permitido priorizarlos temas y los subtemas de acuerdo a una escala de prioridades (de las más importantes a las menos importantes).

Los tres criterios, clasificados en una escala de cuatro intervalos (1 < x < 4), se han agrupado en la Tabla 1. La última fase, con la asignación de pesos para cada criterio, ha dado lugar a las sublistas de prioridades.

Tabla 1: Prioridades

Tabla 1 Prioridades

elaboración propia.

1. Empleo de herramientas normativo-legales: centrarse en los documentos jurídicos que valoran las especificidades agrícolas y culturales de las comunidades con la intención de experimentar alternativas en términos de empoderamiento y desarrollo comunitario, favoreciendo al mismo tiempo procesos de concienciación por parte de las comunidades con el objetivo de incidir en la definición de políticas locales en conjunto con las instituciones. Dichos procesos incluirían el tránsito: del concepto de propiedad al concepto de protección y de reconocimiento; de los derechos individuales a los derechos colectivos; del catálogo de la variedad al registro de las variedades agrícolas; de los criterios DUS (Distinción, Uniformidad y Estabilidad) a la identificación de las variedades vegetales. Se incluiría, además, la adopción de un sistema de protección sui géneris de los saberes locales tradicionales: i) Ius excludendi ; ii) Consenso Libre Previo e Informado (Free Prior and Informed Consent) .

2. Subsidiariedad y gobernanza territorial de los bienes comunes: tomar en consideración algunas buenas prácticas para promover el proceso de negociación entre las instituciones y las instancias de las comunidades locales en el momento de planificar las políticas locales en ámbitos no exclusivamente agrícolas. La discusión está enfocada en las buenas prácticas de comunidades que aprenden en una sociedad basada en el conocimiento y que también practican formas de gobernanza multinivel, en una perspectiva de integración y subsidiariedad de las intervenciones y de las políticas locales. Estas formas de gobernanza de los bienes comunes se desarrollan mediante la constitución de pactos territoriales y redes locales entre ciudadanos, empresas agrícolas e instituciones del tercer sector, a través de la valoración de las especificidades agrícolas y culturales de un territorio y de una comunidad.

   En este sentido, las cooperativas agrarias y las redes de productores representan una fórmula apropiada para hacer frente a las cuestiones desarrolladas en este artículo. En términos de autoorganización social es posible elaborar una estrategia concertada entre los diferentes actores locales. Esta estrategia está basada en la calidad de los productos de los cultivos enraizados culturalmente en los territorios, para hacer frente al modelo de la agricultura tradicional asfixiada por la competencia, y orientada a la reducción de los costes de producción mediante la concentración de la oferta agraria. Las alianzas estratégicas de las cooperativas agrarias y de las redes de productores parecen una estrategia eficaz de autoorganización dentro de un sistema social más grande, también útil para poner en marcha modelos sostenibles de profesionalización en la gestión de la agrobiodiversidad.

3. Dispositivos de Investigación Acción Participativa (IAP) en el marco de la pedagogía de comunidad para el empoderamiento comunitario y para la gestión integrada de los recursos materiales e inmateriales de las comunidades: llevar a cabo los modelos específicos de desarrollo comunitario conectados a la protección y a la valoración de los productos/procesos locales con los cuales se puedan plantear las buenas prácticas de desarrollo local y empoderamiento de la comunidad (Sevilla Guzmán, 2006).

Del estudio realizado se concluye que es esencial identificar criterios de investigación/intervención para proyectar/evaluar intervenciones educativas que promuevan procesos de capacitación social e institucional en la gestión de la agrobiodiversidad entre las comunidades y las instituciones (Caride Gómez y Meira Cartea, 1998). En este sentido, el uso de un dispositivo de IAP puede mediar entre las necesidades de la comunidad y de las instituciones que vayan en la dirección de la democracia participativa y deliberativa, de la subsidiariedad y de la gobernanza territorial (Mueller, 2009). Este dispositivo traduce las necesidades sociales (libertad negativa) de las comunidades en necesidades de capacitación (libertad positiva) con la intención de facilitar y hacer el seguimiento a la participación en la vida social a través de la adquisición de competencias en el marco de comunidades-ciudades que aprenden (Longworth, 2007). La adquisición de estas competencias puede configurar de manera nueva las necesidades sociales de las instituciones y de las comunidades en términos de mayor autonomía en la interdependencia (auto/coorganización), es decir, en la relación entre los sistemas y entre estos y el contexto social a mayor escala (Bobbio, 1984).

En este sentido, la IAP en un marco sistémico hace virtuosa la circularidad entre las instituciones, los grupos comunitarios y los ciudadanos en la lógica de promover su capacidad social e institucional.

El acento está en el proceso de aprendizaje comunitario e institucional, de manera que los actores territoriales aprendan tanto a valorar y a formular de manera más consciente y autónoma los objetivos como a perseguirlos de manera más intencional y cooperativa para revisar periódicamente los logros alcanzados (Colom, 2000).

Desde esta perspectiva, el desafío pedagógico-educativo de esta propuesta enlaza con la necesidad de influir positivamente en la sociedad civil a través de un hincapié mayor en los dispositivos organizativos que permitan a una comunidad enfrentarse a la inestabilidad estructural y a la complejidad intrínseca de la actualidad, mediante la búsqueda de una alternativa dialógica para influir en la definición de las políticas sobre la agrobiodiversidad (Sen, 1999).

En este marco educativo, la participación debe prepararse y evaluarse de acuerdo con las oportunidades que los ciudadanos y los grupos sociales promueven, colaborando con las instituciones para lograr objetivos compartidos y socialmente útiles (Lammerink, 1998).

Los criterios para el dispositivo de investigación-acción participativa en un marco integrado están reformulados en función de la mediación entre los niveles comunitarios e institucionales, de acuerdo con el enfoque sistémico-constructivista y tomando algunos aspectos de la IAP clásica (Quintana Cabanas, 1995).

Más allá de una perspectiva dialéctica, estos procesos de auto/coorganización entre comunidades e instituciones pueden contribuir a informar y transformar las políticas territoriales en un marco sistémico (Cunill Grau, 1997).