Una propuesta de evaluación para los Gobiernos locales de la e-participación

Introducción

En la actualidad, son muchas las administraciones locales que ofrecen fórmulas de participación ciudadana. Se trata de modelos muy variados que permiten distintos grados de implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre políticas públicas, llegando incluso, en ocasiones, a permitir ciertas tareas de gestión y control de dichas políticas.

El estudio de las posibilidades de participación habilitadas a través de un gobierno abierto ha sido ampliamente debatido en los últimos años bajo diferentes denominaciones que a menudo se refieren a los diferentes objetivos del mismo (Wijnhoven, Ehrenhard y Kuhn, 2015). A modo de ejemplo se citan “citizensourcing” (Lukensmeyer y Torres, 2008), “democracia electrónica”, “participación electrónica” “administración electrónica” (Collins, 2009; OECD, 2003), “Gestión Pública Colaborativa” (McGuire, 2006), “Participación Ciudadana” (OECD, 2004) o, más recientemente, “Gobierno 2.0” (O’Reilly, 2009).

El objetivo de la presente investigación, una vez descrito el marco conceptual, se centra en la posibilidad de diseñar una herramienta que permita medir el grado de participación ciudadana. En concreto, se plantea un indicador que aporte información cuantitativa y que resulte apto para su aplicación en entornos locales diversos. Así, la hipótesis de trabajo se centra en tratar de responder a cuestiones tales como: ¿es posible utilizar una herramienta de evaluación cuantitativa que permita valorar las múltiples políticas de participación ciudadana en el ámbito municipal? ¿Qué características debería tener dicha herramienta para resultar universal a pesar de las diferencias legislativas y culturales de cada administración? ¿Qué elementos y áreas referidas a la participación ciudadana debería incluir el indicador a formular y, en cualquier caso, qué ponderación se debería asignar a cada uno de los elementos o partes valoradas?

La segunda parte aborda la definición de dicho indicador. Para su formulación se ha tenido en cuenta tanto la literatura existente sobre las cualidades de las herramientas de evaluación para instrumentos de gobierno abierto como referencias normativas, lo que ha permitido perfilar las características específicas y necesarias del indicador. Finalmente, se ha tratado de contrastar su validez aplicándolo a una muestra internacional y variada de Gobiernos locales que ofrecen fórmulas participativas a sus ciudadanos.

1. Marco conceptual: definiendo el concepto de participación ciudadana en el entorno de la administración local

En los últimos años, la discusión sobre los modelos de gestión pública en el entorno local muestra una clara preferencia por modelos de gestión participativos. López y Gadea (2001: 30) defienden un modelo organizativo que favorezca la flexibilidad, la descentralización y desconcentración de la administración; que aproxime la decisión política y la actividad de la administración a los ciudadanos; que asegure la transparencia de estas decisiones y la gestión, y confiera más poder al ciudadano y no al administrador.

En cualquier caso, no se trataría de modelos surgidos exclusivamente de la iniciativa de gestores públicos, sino que responderían a una demanda ciudadana fuertemente reclamada. Schneider y Welp (2015: 17) utilizan el término “democracia participada” para hacer referencia a un modelo de descentralización política entendida como transferencia de poder, recursos y competencias. Sanford y Rose (2007: 407) también aportan una definición amplia y susceptible de englobar múltiples fórmulas que la concreten cuando se refieren a la participación como “unirse a, ya sea en el sentido de participar en alguna discusión o actividad comunitaria, o en el sentido de adoptar algún papel en la toma de decisiones”.

Así, las referencias conceptuales a la participación ciudadana se integran en un modelo más amplio que impregna la cultura de gestión en el ámbito local, las fórmulas del gobierno abierto que García García (2013: 86) define como “el esfuerzo de crear instituciones gubernamentales que sean más transparentes, pero también más participativas, comprometiendo a los ciudadanos en la toma de decisiones y adopción de políticas”.

Adicionalmente a la heterogeneidad de los modelos de participación ciudadana existentes, así como su vinculación e incluso confusión con otros elementos de gestión relacionados con el mismo (eGobierno, eDemocracia, transparencia…), la delimitación del concepto se complica por la existencia de múltiples enfoques en su tratamiento, y por su naturaleza interdisciplinar. Respecto al enfoque, Medaglia (2012) señala cómo la mayor parte de la literatura que trata este tema lo hace desde la visión del Gobierno o instituciones y no desde la perspectiva ciudadana, lo que le lleva a pedir un tratamiento, valga la redundancia, más participativo para la investigación en participación.

Por su parte, el carácter interdisciplinar ofrece varias perspectivas de análisis: la jurídico normativa, que aborda el marco legal para el desarrollo de las iniciativas de participación (Ramos Vielba, 2013; Gómez Sánchez, 2013); la económica-financiera, que tiene en los presupuestos participativos una iniciativa con una experiencia consolidada (Alarcón y Molina, 2008; Mora, 2005); la perspectiva aportada por la ciencia política ofreciendo los fundamentos conceptuales que justificarían la participación ciudadana y los cambios organizativos necesarios para su implantación (Del Río, 2013; Candela Talavero, 2015).

Dentro de la gran diversidad descrita, es posible conceptualizar la participación ciudadana a partir de unos pocos rasgos repetidos. En primer lugar, destaca el uso de las TIC, esto es, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. En segundo lugar, predominan los modelos de participación deliberativa y de aquellos que recogen sugerencias populares libremente expresadas; por el contrario, la participación ciudadana en el seguimiento y control de actividades y políticas resulta más infrecuente. En tercer lugar, conviene apuntar el escaso peso presupuestario de las iniciativas sujetas a deliberación popular, salvo algunas excepciones referidas a experiencias muy particulares. Finalmente, destaca el consenso en la literatura respecto a la consideración del gobierno abierto como un complemento o mejora de la democracia representativa, nunca como alternativa a la democracia tradicional (Lathrop y Ruma, 2010).

La definición del término “participación ciudadana” no puede limitarse exclusivamente a una exposición genérica aportada desde los elementos comunes señalados por la bibliografía. Sin duda, la determinación de los objetivos perseguidos, tanto por las instituciones como por los ciudadanos, con el ejercicio de la misma aclara el término y le dota de todo su significado. Esto es, no se trata solo de enumerar los medios o herramientas que facilitan la participación, sino de señalar para qué se persigue esa participación o, al menos, concretar qué áreas de la administración local se pretenden abrir a la iniciativa ciudadana.

La revisión de la literatura referida al e-gobierno, modelo de gestión más amplio en el que se enmarcan las fórmulas participativas, contribuye con la formulación de objetivos tales como la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los asuntos públicos (Heckmann, 2011), lo que permitiría a los ciudadanos influir en las decisiones políticas. Para Hilgers (2012) la participación del gobierno abierto tiene por objeto la apertura del Gobierno a la innovación ciudadana, así como el abastecimiento de información a los ciudadanos, lo que le lleva a hablar de una democracia colaborativa real.

Precisamente, y en relación con el abastecimiento de información desde la administración al ciudadano, es el open data o la accesibilidad de la información hacia el ciudadano, a partir de sus fuentes originales, el elemento que defienden Lathrop y Ruma (2010). Los datos del Gobierno deben ser de libre acceso, aunque esto solo aporte provisión de información, no cubriendo la interacción de la administración con sus ciudadanos para la cual deben establecerse fórmulas adecuadas que permitan la retroalimentación de la propia administración.

Tras la delimitación conceptual del tema se proponen los siguientes objetivos:

- Identificar, desde las aportaciones bibliográficas existentes, las diferentes perspectivas y criterios empleados para la evaluación de la e-participación, medida exclusivamente a través de los portales o páginas web institucionales.

- Reflexionar sobre los elementos comunes dentro de las múltiples experiencias de e-participación a fin de identificar los aspectos susceptibles de extrapolación, con independencia de las variaciones geográficas, institucionales y sociales.

- Proponer un índice de elaboración propia que recoja los elementos anteriores.

- Testar el índice en una muestra que, aunque pequeña, resulte suficientemente diversa para validar el carácter universal del índice.

2. Metodología

En línea con otros trabajos previos realizados por Smith (2001), este estudio se realiza en tres fases:

1. Identificación y selección de criterios apropiados para evaluar las políticas de participación ciudadana de los Gobiernos locales a través de la información de sus páginas web.

2. Diseño de un indicador para evaluar los portales municipales que contemple la aplicación de tales criterios.

3. Testar su aplicabilidad mediante la evaluación de contenidos de páginas web municipales de una pequeña muestra representativa de ciudades de todo el mundo.

Selección de criterios

Siguiendo los pasos de los trabajos de Smith (2001) y de Eschenfelder ...[et al] (1997), para la selección de los criterios se han tenido en cuenta dos aspectos diferentes: a) criterios relacionados con los contenidos de la información, y b) criterios relacionados con la accesibilidad y facilidad de uso.

Los criterios relacionados con el contenido deben evaluar la naturaleza y adecuación de la información, los servicios prestados por la web, la actualización de la información y los contenidos propiamente dichos que se corresponden con su propósito y misión. Por su parte, los criterios de accesibilidad y facilidad de uso deben permitir evaluar la accesibilidad, diseño y navegabilidad de las páginas. Hay que tener en cuenta que los enlaces estén actualizados, los recursos de búsquedas, los recursos de retroalimentación, la velocidad de respuesta, etc.

A través de la literatura analizada relativa a información en páginas web sobre transparencia y gobierno abierto, se han podido identificar algunas de las características clave que debe reunir la información que aborda esta temática. Lourenço (2015) consigue establecer una base conceptual formulando un conjunto de requisitos básicos para guiar el análisis de portales sobre gobierno abierto. En su trabajo distingue un conjunto de ocho requisitos fundamentales a partir de los trabajos previos de Lee y Kwak (2011) y de Caba Pérez ...[et al] (2005), entre otros.

Estos requisitos, agrupados según los aspectos señalados por Smith (2001), son los que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1

elaboración propia a partir de los trabajos de Lourenço (2015) y Smith (2001).

El estudio de las posibilidades de participación habilitadas a través de un gobierno abierto ha sido ampliamente debatido en los últimos años bajo diferentes denominaciones, siendo su nexo común la interacción on line entre Gobierno y ciudadanos (Wijnhoven ...[et al], 2015). La mayoría de la literatura existente ve el gobierno abierto como un complemento o una mejora de la democracia representativa (Lathrop y Ruma, 2010).

Las iniciativas de los gobiernos abiertos pueden tener tres objetivos: la innovación ciudadana, el abastecimiento de información de los ciudadanos (transparencia) o una democracia colaborativa real. La innovación ciudadana tiene como objetivo la recopilación de ideas y conocimiento exterior[3]. El citizen sourcing persigue la colaboración pública o ciudadana con las tareas administrativas habituales que no implican nuevas ideas[4]. Finalmente, la democracia colaborativa reúne iniciativas de gobierno abierto para los procesos de toma de decisiones políticas buscando respuestas a cuestiones normativas para desarrollos futuros de la sociedad[5] (Wijnhoven ...[et al], 2015; Hilgers, 2012). Es esta última la que realmente interesa en este trabajo.

A partir de esta base conceptual sobre los requisitos que debería reunir la información de transparencia y gobierno abierto ofrecida en las webs y la clarificación de los objetivos de la participación ciudadana, se definen en la Tabla 2 los criterios que debe contemplar un indicador capaz de valorar las iniciativas de participación ciudadana ofrecidas por la administración local a través de sus portales web.

Tabla 2

elaboración propia.

Diseño del indicador y valoración general

Tras la determinación de los aspectos o dimensiones a analizar, en este apartado se definen los aspectos a valorar y los ítems considerados en cada uno de ellos.

Para ello se ha elaborado un cuestionario de cumplimiento previo a modo de check-list y un manual de codificación que ha servido como guía para la toma de datos y recogida homogénea de información de los portales.

El cuestionario consta de 29 ítems de comprobación dicotómica sobre la participación ciudadana a través de la página web de municipios. Se valora con “1” si se ha comprobado el hecho objeto de análisis en la página web de la Administración, y con “0” si no se ha podido comprobar la existencia del mismo.

El indicador está dividido en cuatro dimensiones de análisis (véase Tabla 3) a las que se les ha asignado el mismo peso relativo. La valoración máxima de cada dimensión es de 5 puntos, por lo que el máximo de puntación del índice es de 20 puntos.

Tabla 3

elaboración propia.

Dimensión A. Intensidad y/o grado de implicación del ciudadano

Corresponde en este apartado valorar el alcance e implicación al que puede llegar el ciudadano en las políticas públicas locales.

En un intento de generalización y concreción al mismo tiempo, se han identificado cinco ítems para medir la intensidad de la participación ciudadana que se enumeran y justifican a continuación:

Participación en presupuestos participativos

El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática del máximo de obligaciones que pueden reconocer los municipios. Es, por tanto, una herramienta de planificación, de gestión y de control que cuantifica las políticas públicas que se van a llevar a cabo durante un ejercicio económico. Toda propuesta de política pública que conlleve un gasto o un ingreso económico será inútil si finalmente no se incluye en el presupuesto, ya que no se podrá llevar a cabo. Por esto se entiende que la primera y más directa vía de intervención en los asuntos públicos es a través de la participación en los presupuestos.

Iniciativa en ordenanzas

Las actuaciones de los municipios se ejercen a través de las ordenanzas. Estas pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos o regular tributos. Ambas afectan directamente a los vecinos, bien limitando su libertad individual en beneficio del interés general o bien afectando directamente su riqueza. Por esta razón, se entiende que la participación en las ordenanzas debe ser una vía de participación ciudadana

Colaboración en consejos sociales de urbanismo

Esta actividad afecta directamente y de forma duradera a los ciudadanos, condiciona el transporte y la movilidad, el espacio físico para el ocio, el trabajo, la seguridad, la economía de los municipios… Por estos motivos se ve justificada la existencia de consejos sociales de urbanismo como parte de la participación ciudadana

Cooperación en planes estratégicos

Los planes estratégicos son la principal herramienta de planificación de las políticas públicas para un período de largo plazo, normalmente cuatro años. En ellos se diseñan las principales líneas de actuación, que más tarde tendrán que plasmarse en un presupuesto anual. Poder participar en estos planes supone influir directamente en los asuntos públicos a medio y largo plazo.

Supervisión de subvenciones y contratos

Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas. Estas son entregas dinerarias sin contraprestación directa por parte del beneficiario, y conllevan un elevado esfuerzo financiero. La participación ciudadana debe ir orientada a verificar que se cumplen los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Los contratos del sector público, que regulan la relación entre la Administración y el contratista para la realización de obras, gestión de servicios públicos, suministros y la colaboración entre el sector público y el sector privado, conllevan obligaciones para ambas partes; el principal deber de la Administración es el pago por el bien recibido o el servicio realizado. Afecta directamente a la Hacienda Pública y, por tanto, a los bolsillos de los ciudadanos. Es por esto que los vecinos tienen el derecho de verificar la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios.

Adicionalmente, las políticas públicas tienen tres fases vitales: planificación, ejecución y evaluación/feedback. Teniendo en cuenta que la ejecución corresponde a la Administración correspondiente, una verdadera contribución ciudadana debería optar por aportar en cada una de las otras dos etapas; por este motivo, para cada extremo a analizar, se comprueba el grado de colaboración en: a) formulación; b) evaluación/feedback.

Por ejemplo, un municipio obtendrá 1 punto en la variable A.1 “participación en presupuestos participativos” si se comprueba tanto la participación en la planificación (variable A.1.a) como en la valoración/feedback (variable A.1.b).

A modo de resumen, la Tabla 4 muestra el contenido y valoración del primer bloque del Indicador de Participación Ciudadana.

Tabla 4

elaboración propia.

Dimensión B. Áreas temáticas de la participación ciudadana

Se distinguen en este segundo apartado las principales áreas competenciales a nivel municipal. En España estas competencias vienen determinadas por la Ley 7/1985 RBRL. Considerando que pueden diferir dependiendo de cada país se han seleccionado las más habituales. Los ítems y su correspondiente valoración se detallan en la Tabla 5.

Tabla 5

elaboración propia.

Dimensión C. Visibilidad de la información

La participación ciudadana se sustenta sobre los principios de transparencia y de acceso a la información. Por ello, a través de este bloque se valora el cumplimiento de estos preceptos comprobando los siguientes aspectos: existencia de reglamento/ordenanza, información disponible sobre formas de colaboración, información sobre los consejos y temáticas, planes de formación y publicación de las solicitudes y estado de las mismas (ver Tabla 6).

Tabla 6

elaboración propia

Dimensión D. Herramientas activas para la participación

Los municipios son la administración pública más cercana al ciudadano por lo que constituyen un elemento clave a la hora de impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación que faciliten la participación y la comunicación con los vecinos[6].

En la Tabla 7 se detallan los ítems y valoración considerados en este último bloque.

Tabla 7

elaboración propia

La muestra: definición y justificación

El indicador formulado se ha aplicado sobre una muestra de ciudades con experiencias en desarrollo de políticas de participación ciudadana. Se trata de ocho ciudades de tamaño grande elegidas con base en su diversidad geográfica y cultural. La selección opta por ciudades de varios continentes: Europa, América, África y Oceanía. A su vez, en cada área geográfica se ha tratado de abarcar diferencias culturales; por ejemplo, en el caso europeo se ha optado por tomar dos ciudades del área mediterránea y una del entorno nórdico, mientras que en el caso americano se ha incluido una ciudad de Suramérica y dos de América del Norte.

Así, los dos criterios básicos para la elección de la muestra han sido, de una parte, tomar ciudades que cuentan con programas específicos de participación ciudadana, conocidos y ofertados a través de sus páginas web y, de otra parte, conformar una muestra lo más multicultural y diversa posible, a fin de contrastar la universalidad de la herramienta diseñada.

El análisis empírico de las respectivas páginas web se ha realizado durante el período de septiembre a diciembre de 2014. A su vez, la comprobación se hizo observando los pasos habituales de un ciudadano o usuario, siguiendo los enlaces a los que conducía la búsqueda de las áreas de interés. En ningún caso se ha intentado evaluar el funcionamiento interno de la página web.

Tabla 8

elaboración propia.

4. Resultados del test de aplicabilidad

En primer lugar, cabe destacar que se podrían definir los resultados obtenidos como consistentes; con un grado de homogeneidad alto, no existiendo elevadas desviaciones en los mismos sobre la muestra analizada, a pesar de las diferencias culturales, geográficas y legislativas de las ciudades objeto de análisis para testar el cuestionario. Esto permite predecir la utilidad del cuestionario para futuras investigaciones con una muestra más elevada (ver Figura 1).

Se consideran notables los resultados obtenidos en Auckland, Austin, Tampere y Vancouver; aceptables con recorrido de mejora en Lima, Madrid y Ciudad del Cabo, e insuficiente en Cagliari.

Figura 1

elaboración propia.

Lo primero que llama la atención es que, en general, las ciudades cuentan con herramientas suficientes (portal electrónico, buzón de sugerencias, redes sociales) para aplicar la participación ciudadana; sin embargo, el grado en el que puede implicarse el ciudadano es todavía limitado. Ello se basa en que la media de la valoración de las herramientas (ID) es casi de 4 sobre 5, mientras que la implicación (IA) acaso alcanza el 2 sobre 5.

Tabla 9

elaboración propia.

La participación es posible en la formulación de políticas públicas; sin embargo, no se contempla la intervención ciudadana en la evaluación de aquellas, como se pone de manifiesto en la nula valoración de los ítems (A1b, A2b, A3b, A4b, A5b). Asimismo, no se ha podido comprobar la colaboración ciudadana en materia de contratación o subvenciones.

Un aspecto positivo es que las vías de participación están presentes de manera generalizada en las diferentes áreas analizadas (con una valoración alta de IB), es decir urbanismo, medio ambiente, movilidad, seguridad, economía y hacienda, salud, servicios sociales y cultura.

Por otra parte, se está en la sociedad de la información, con herramientas muy potentes a nivel tecnológico. Por eso llama la atención la insuficiente formación ciudadana en esta materia, así como la escasa regulación normativa publicada (bloque IC). A modo de símil, es como si se tuviera un juguete fantástico, pero que viene sin manual de instrucciones. Desinformación en la sociedad de la información. Igualmente, la participación ciudadana está muy ligada a la transparencia, por eso es curioso comprobar la nula publicación de solicitudes de participación (valoración de C5); únicamente Auckland publica los resultados de la participación.

Entre otras utilidades, el cuestionario permite realizar un ranking de la muestra analizada, clasificar los municipios en grupos según el grado de calidad de la participación (bajo, medio o alto), comparar cada uno de los cuatro bloques analizados o hacer un análisis comparativo más pormenorizado de cada uno de los 29 ítems examinados para detectar puntos fuertes o aspectos de mejora.

5. Discusión

La literatura existente sobre transparencia, e-democracia y e-participación ha proliferado mucho en estos últimos años, aunque su perspectiva de estudio ha sido muy heterogénea abarcando muchas disciplinas muy distintas y dispares (periodismo, ciencias de la computación, economía, administración pública, jurídica...). Por este mismo motivo, no existe un cuerpo teórico robusto que lo soporte.

En este trabajo se ha analizado el concepto y objetivos perseguidos por el término “participación ciudadana”, con el objetivo de crear un indicador capaz de medir y comparar el grado de implicación de las administraciones municipales en la democracia colaborativa, a través de los portales web institucionales. Para ello, se ha llegado a la conclusión de que evaluar las iniciativas institucionales de participación puestas a disposición de los ciudadanos no debe tratar solo de enumerar los medios o herramientas que facilitan la participación, sino de señalar para qué se persigue esa participación o, al menos, concretar qué áreas de la administración local se pretenden abrir a la iniciativa ciudadana.

Con todo ello, se ha desarrollado un indicador que permite medir la e-democracia o e-participación a través de cuatro dimensiones de igual nivel, que representarían las prioridades requeridas para su éxito. Ellas son: (A) intensidad de participación, (B) áreas de participación, (C) accesibilidad y facilidad de uso, y (D) herramientas disponibles para ello. Las dos primeras permiten valorar los contenidos y las dos últimas su desarrollo tecnológico, procedimientos y utilidad. Se entiende que la clave del éxito radica en una adecuada combinación de las cuatro dimensiones, por lo que la ponderación asignada ha sido la misma en los cuatro bloques. Por último, se verificó su aplicabilidad y utilidad en una selección de ocho ciudades representativas de diferentes países del mundo, seleccionadas a partir de la existencia de políticas de participación ciudadana, medidas a través de la plataforma OpenGov, así como por su diversidad geográfica y cultural.

Los resultados muestran que el indicador diseñado constituye una herramienta adecuada para valorar y comparar las iniciativas públicas de participación en las ciudades y que, además, permite identificar los puntos fuertes y débiles en cada caso de forma sencilla.

Así, por ejemplo, se ha verificado que, de las ocho ciudades analizadas, Auckland y Austin son las que han obtenido una mayor puntuación (16,75 y 16,00 sobre 20, respectivamente) y que esta valoración se ha obtenido gracias a una adecuada combinación de las cuatro dimensiones contempladas en el índice. Esto es, contenidos e intensidad de participación, así como suministro adecuado de información y herramientas. Se observó, por el contrario, que la web de Ciudad del Cabo permite participar en casi todas las áreas con una intensidad moderada, aunque presenta cierta debilidad en el desarrollo de los procedimientos, herramientas y tecnologías necesarias, y en el caso de la ciudad de Madrid sucede lo contrario: tiene muy desarrollada la visualización (procedimientos y herramientas de uso), aunque las posibilidades e intensidad de la participación quedan restringidas a muy pocas áreas.

Por todo ello, se entiende que este Indicador tiene carácter universal y puede llegar a ser de gran utilidad para el análisis de las buenas prácticas ciudadanas ofrecidas por los municipios a través de los portales web, profundizando además en los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos. En general, los resultados de este trabajo arrojan algo de luz respecto al tipo de contenidos y herramientas disponibles en los sitios web de los Gobiernos locales para fomentar la participación ciudadana.

6. Limitaciones y líneas de investigación futuras

Este trabajo presenta algunas limitaciones que han de ser tenidas en cuenta. En primer lugar, hay que mencionar el tamaño de la muestra utilizada. No obstante, si se tiene en cuenta que no era la finalidad última del estudio el análisis de las ciudades, sino más bien la aplicabilidad e información que podía suministrar el indicador diseñado, parece suficiente y representativa de su carácter universal.

En segundo lugar, conviene destacar el hecho de que el análisis toma los datos a partir de la información de las páginas web de los municipios conforme a la información y los contenidos difundidos en un momento dado. Es evidente que la fuente directa debe ser la página web de cada municipio, si bien se trata de una herramienta con carácter dinámico que puede presentar modificaciones en períodos relativamente cortos de tiempo.

Finalmente, como futuras líneas de investigación para completar y profundizar el presente trabajo, se tiene la intención de aplicar este Indicador a una muestra amplia de ciudades en diferentes zonas geográficas y de diferentes tamaños que permitan realizar análisis y comparaciones horizontales y transversales y buscar patrones de comportamiento útiles para el avance de las investigaciones en esta disciplina.

Asimismo, tras la valoración de los portales web municipales, sería interesante continuar con estudios de percepción ciudadana a través de encuestas, que permitirían confrontar las iniciativas de la administración con su utilidad y eficacia última.